El revanchismo, el oportunismo, la ceguera y el enanismo político exhibidos por diputados opositores en el fallido proceso de aprobación del presupuesto del Estado para 2007, cobrarán el año próximo un alto precio al país, porque impedirán o llenarán de obstáculos el camino para hacer realidad la obra pública proyectada para sectores necesitados, pero también la vigencia de medidas urgentes, como las del sector carcelario y de seguridad ciudadana.
La actitud obcecada de aquellos politicastros y su afán insensato de entorpecer la marcha de la Nación, sólo para satisfacer mezquinas ambiciones personales o partidistas, pone de manifiesto cuán poco ha avanzado Guatemala para salir del oscurantismo político causante del atraso económico y social.
La dirigencia política nacional lleva 186 años de recibir lecciones, fatalmente no aprendidas, sobre los efectos perniciosos de entorpecer el trabajo de sus rivales -no enemigos- en la administración del Estado, sólo por el mero afán de hacerlos fracasar y de tener, con ello, la posibilidad de eliminarlos del escenario electoral, para ocupar su lugar.
En ese casi bicentenario juego sucio, no hay, entre los políticos, vencedores ni vencidos, porque cada quien, por igual y a su tiempo, toma su propia medicina. Sin embargo, hay un gran perdedor, llamado Guatemala, que ve cada vez más remota y complicada la posibilidad de superar sus dificultades, por la mentalidad enfermiza de sus dirigentes.
Acuerdos y pactos políticos, como el Plan Visión de País, por medio del cual aquellos adquirieron un compromiso explícito para respaldar las medidas orientadas a atacar las carencias más sentidas, son materia muerta cuando está en juego el interés partidario. No debe extrañar, por eso, que la Patria carezca de metas y de rumbo compartidos.
No se defiende al Gobierno, pues resulta intrascendente quién lo dirige, frente a la obligación social de garantizar la marcha del Estado. Uno de los grandes lastres de la gobernabilidad radica en la ignorancia de los políticos del alcance de la palabra oposición, pues la interpretan como el entorpecimiento sistemático del Gobierno, sin importar si sus propuestas son buenas o malas, en tanto descuidan la esencia del término en el ámbito del ejercicio público: la fiscalización ética de los actos de los gobernantes, pero sin limitar su trabajo, para garantizar el bien común.
Los opositores de hoy olvidan, en su inconsecuente arrebato hepático y emocional, que tienen el potencial de ser los gobernantes del mañana, y que esta cultura del revanchismo les deparará sus frutos, con creces, en el proceder de quienes ocupen su lugar.
La abstracción jurídica dificulta el deslinde del componente delictivo en la conducta de la oposición, pero el voto se yergue como arma del poder ciudadano para juzgar y sancionar las aberraciones e inmoralidades de los politiqueros. Y muchos de ellos, enquistados en el Congreso, están empeñados en hacer méritos para ganarse el rechazo en las urnas.
La actitud obcecada de aquellos politicastros y su afán insensato de entorpecer la marcha de la Nación, sólo para satisfacer mezquinas ambiciones personales o partidistas, pone de manifiesto cuán poco ha avanzado Guatemala para salir del oscurantismo político causante del atraso económico y social.
La dirigencia política nacional lleva 186 años de recibir lecciones, fatalmente no aprendidas, sobre los efectos perniciosos de entorpecer el trabajo de sus rivales -no enemigos- en la administración del Estado, sólo por el mero afán de hacerlos fracasar y de tener, con ello, la posibilidad de eliminarlos del escenario electoral, para ocupar su lugar.
En ese casi bicentenario juego sucio, no hay, entre los políticos, vencedores ni vencidos, porque cada quien, por igual y a su tiempo, toma su propia medicina. Sin embargo, hay un gran perdedor, llamado Guatemala, que ve cada vez más remota y complicada la posibilidad de superar sus dificultades, por la mentalidad enfermiza de sus dirigentes.
Acuerdos y pactos políticos, como el Plan Visión de País, por medio del cual aquellos adquirieron un compromiso explícito para respaldar las medidas orientadas a atacar las carencias más sentidas, son materia muerta cuando está en juego el interés partidario. No debe extrañar, por eso, que la Patria carezca de metas y de rumbo compartidos.
No se defiende al Gobierno, pues resulta intrascendente quién lo dirige, frente a la obligación social de garantizar la marcha del Estado. Uno de los grandes lastres de la gobernabilidad radica en la ignorancia de los políticos del alcance de la palabra oposición, pues la interpretan como el entorpecimiento sistemático del Gobierno, sin importar si sus propuestas son buenas o malas, en tanto descuidan la esencia del término en el ámbito del ejercicio público: la fiscalización ética de los actos de los gobernantes, pero sin limitar su trabajo, para garantizar el bien común.
Los opositores de hoy olvidan, en su inconsecuente arrebato hepático y emocional, que tienen el potencial de ser los gobernantes del mañana, y que esta cultura del revanchismo les deparará sus frutos, con creces, en el proceder de quienes ocupen su lugar.
La abstracción jurídica dificulta el deslinde del componente delictivo en la conducta de la oposición, pero el voto se yergue como arma del poder ciudadano para juzgar y sancionar las aberraciones e inmoralidades de los politiqueros. Y muchos de ellos, enquistados en el Congreso, están empeñados en hacer méritos para ganarse el rechazo en las urnas.
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